Las entidades bancarias y financieras del país, que constituyen uno de los principales soportes de la economía y que actúan con transparencia, ajustadas a la Ley y la Constitución frente a su exclusivo supervisor, la Administración Monetaria y Financiera, no pueden estar expuestas a campañas y pronunciamientos que pongan en entredicho su imagen y estabilidad.

De ahí la preocupación expresada por instituciones del prestigio y credibilidad como la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio de Abogados, ante el debate público protagonizado por el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) acerca del registro de los contratos de adhesión en el sector financiero.

En el aspecto estrictamente jurídico, ha quedado suficientemente claro, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 de la Constitución y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, que es a la Superintendencia de Bancos a quien compete velar por el fiel cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de los usuarios de los servicios financieros.

Tal como ha manifestado con toda razón y propiedad el presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, la forma en que están estructurados estos instrumentos normativos se justifica, dado “el carácter especializado del sector financiero y su importancia para la estabilidad macroeconómica del país”.

Ante la insistencia de Pro Consumidor de exigir lo que por ley concierne a la Junta Monetaria y que las entidades financieras cumplen a cabalidad, la Superintendencia de Bancos ha remitido una y otra vez a los citados articulados legales, sin lograr que el Instituto de Protección al Consumidor cese en su obstinado requerimiento.

¿Qué se persigue con esta cerrazón de Pro Consumidor que, sin tomar en cuenta que los contratos de adhesión están disponibles en la página de Internet de la Superintendencia de Bancos, mantiene una campaña que genera una situación de riesgo e inestabilidad a las entidades de intermediación financiera?

Se impone, pues, que el Gobierno intervenga a través de sus instancias correspondientes para detener este daño gratuito a un sector identificado con los mejores intereses nacionales.