Lo que acaba de ocurrir en Italia con el primer ministro Silvio Berlusconi es un buen ejemplo de los procesos y de las sanciones a que se exponen los gobernantes cuando cometen excesos en el ejercicio del poder.
Después que se consideraba amo y señor de la política en su país para actuar fuera de control y sin rendir cuentas a nadie, la Suprema Corte de Justicia italiana intervino finalmente para detener sus desafueros.
Tras una histórica votación por nueve a seis votos, los magistrados de ese alto tribunal tumbaron el denominado “Laudo Alfano”, una infame ley que hasta ahora había garantizado inmunidad e impunidad a Berlusconi.
Ahora, el desconsiderado y prepotente dirigente italiano, cuya fama mundial ha estado asociada a cuestionables situaciones de escándalo en su Villa Certosa, deberá enfrentar dos procesos penales graves.
Se trata, no hay duda, de una firme demostración de los necesarios contrapesos y de los mecanismos de regulación para un correcto ejercicio del poder en naciones que cuentan con un poder judicial viril e independiente.
La Suprema Corte de Justicia de Italia ha sentado un saludable precedente para el adecentamiento de la política en Italia y aunque Berlusconi afirma que seguirá adelante, su nueva bravuconada parece que tendrá esta vez un serio escarmiento.
Durante sus tres mandatos Berlusconi había logrado que se votara un cuerpo de legislación “ad personam” que le había permitido esquivar la acción de la justicia en numerosas oportunidades.
La despenalización de las falsedades contables, la reducción en el plazo de prescripción de los delitos económicos, la ley Schifani de inmunidad personal y la amnistía para la repatriación de capitales habían convertido a Berlusconi prácticamente a amo absoluto del Estado italiano.
El panorama ha cambiado radicalmente, porque el Tribunal Constitucional de esa nación ha establecido que todas esas leyes violan el principio de igualdad de los ciudadanos.
Se ha sentado, pues, una pauta clara para enfrentar este inaceptable escudo penal y advertir a Berlusconi que ser primer ministro no le exime de someterse a la justicia.
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