Las depuraciones que se realizan en la Policía Nacional tienen que ser más enérgicas y deben conllevar sanciones ejemplarizadoras con el envío a la justicia ordinaria a todos los agentes y oficiales que se vean envueltos en acciones delictivas, sin posibilidad de excepción alguna por rango o padrinazgo.

De otro modo estos procesos no lograrán cumplir a cabalidad su propósito, ya que los cancelados se van tranquilamente para sus casas y se reinsertan en otras actividades sin expiar sus culpas, a pesar de la comisión de graves faltas y hasta de hechos delictivos.

Justo es reconocer que el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, ha demostrado desde el inicio de su gestión una firme voluntad de impulsar el adecentamiento en las filas de la institución.

La mayor drasticidad y profundización en la búsqueda de fortalecer la imagen de credibilidad de la Policía frente a la población se evidenció el pasado fin de semana con la cancelación de 46 miembros, muchos de ellos vinculados a crímenes, acciones del sicariato y complicidades con el narcotráfico.

De inmediato hubo muestras de apoyo, como la del jurista Negro Veras, quien dijo sentirse satisfecho junto a su familia con la anunciada puesta en retiro de los agentes policiales que estuvieron involucrados en la tentativa de asesinato contra su hijo, el abogado y comentarista Jordi Veras.

Aunque con el manejo de este caso se envía una advertencia a aquellos que, desde organismos oficiales se ligan con el crimen organizado, y en especial con los asesinatos por encargo, se necesita reformar el sistema de supervisión interna de la Policía, como sugiere con mucho sentido la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Este monitoreo, que debe tener un carácter permanente, es vital para fortalecer la respetabilidad de  una institución que está llamada a cumplir un papel clave en la salvaguarda de la seguridad ciudadana y del imperio de la ley y del orden.