Las investigaciones sobre delitos y hechos criminales que no son adecuadamente esclarecidos, en la mayoría de los casos porque quedan inconclusas o con áreas oscuras, solo fomentan la impunidad y defraudan la credibilidad acerca de la actuación de las autoridades y de la justicia.

Todas las pesquisas tienen que ser bien dirigidas y llegar hasta las últimas consecuencias para establecer responsabilidades, sin la posibilidad de exclusiones selectivas o encubrimientos cómplices, caiga quien caiga.

Por esa razón, las autoridades deben emplearse a fondo para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato del dirigente político Julio Ernesto Pérez Agramonte, vicepresidente del Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC).

Sin embargo, hay que tener cuidado de no adelantar conclusiones hasta que se reúnan evidencias concretas acerca de la autoría y circunstancias de  este lamentable episodio en que perdió la vida quien era, además, encargado del Departamento de Coordinación del Senado de la República.

Es relevante establecer, entre otros aspectos, si se trató de un crimen de delincuencia común con el objetivo de robar o si tuvo una motivación relacionada con las funciones de Pérez Agramonte como dirigente político y coordinador de una importante oficina legislativa.

Todos estos ángulos y posibilidades deben ser cubiertos por las investigaciones de este asesinato, que ha causado gran estupor porque la víctima fue encontrada en el patio de su residencia, en ropa de dormir y con un disparo en la parte trasera de la cabeza.

Si las personas son objeto de estos atentados en sus propios hogares, ¿hasta dónde llegará la inseguridad ciudadana?