Mientras el tiempo avanza y el debate en torno al proyecto de ley Orgánica del Tribunal Constitucional se torna más complicado, debido a las opiniones contrapuestas, ha tomado fuerza la tesis de que la única salida al impasse es un acuerdo político entre los principales partidos del país.

Lo que en principio podría ser visto como una herejía o una monstruosidad jurídica, en realidad no tiene en rigor tales características, de acuerdo a un planteamiento que acaba de formular la Fundación Institucionalidad y Justicia  (Finjus).

Lo importante es que el consenso a que se llegue esté ajustado a los postulados de la Constitución y que permita aprobar la ley en el Congreso, que es un paso indispensable para la conformación  del nuevo órgano.

Transcurrido ya el plazo que la Carta Magna consigna para tales fines, es contraproducente profundizar un debate que, aunque ha sido enriquecedor en cuanto a exposiciones jurídicas, no ha permitido llegar a un punto de avenencia.

El país tiene que seguir avanzando en términos de su institucionalidad democrática y las fuerzas políticas tienen el deber de hacer su aporte, por encima de angostas visiones y de diferencias estrictamente partidarias.