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Así no

Sábado 29 de Enero de 2011 Redacción
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Está probado que la violencia sólo engendra violencia y que es un método extremadamente peligroso, sobre todo cuando es ejercido por grupos particulares, aunque sea con propósitos autodefensivos,  por la desprotección frente a la incidencia del crimen y de la delincuencia.

Permitir que la gente se arme para tomar la justicia en sus manos equivale a sentar las bases de un caos social de consecuencias impredecibles en la sociedad y las autoridades están en el deber de evitar  la comisión de tales desafueros.

Por eso ha causado gran alarma, a nivel de opinión pública, el anuncio de que empresarios agropecuarios de Licey al Medio, en Santiago, decidieron crear grupos de defensa armada para patrullar las calles de ese municipio y así enfrentar la ola de robos y atracos que les afecta.

La inquietud en este caso ha sido mayor porque, a diferencia de otras situaciones episódicas similares registradas en el pasado con lugareños de algunas comunidades, ahora se trata de 280 productores organizados en una asociación, que se aprestan a comprar vehículos y armas para proporcionarse la protección que alegan no reciben de las autoridades.

Aunque se trata de una actitud contraproducente y, por tanto, inaceptable bajo cualquier circunstancia, hay que entender el estado de impotencia y desesperación de la gente que sufre en carne propia las acciones de malandrines y facinerosos que azotan en diferentes poblaciones del país.

En ese sentido, hay que saludar la rápida respuesta de la comandancia de la Policía de Santiago, que dispuso el traslado de la dotación de Licey al Medio y que comprende a agentes asignados a las unidades preventivas y de investigación.

Sin embargo, lo aconsejable es que en el futuro se refuerce la supervisión policial para advertir a tiempo cuándo algunas dotaciones policiales incumplen con su responsabilidad de salvaguardar vidas, bienes y propiedades, ya sea por negligencia o complicidades con grupos antisociales.

Además, en caso de establecerse dejadez o cualquier grave irregularidad, la sanción no puede ser el simple traslado, que equivale a llevar un mal de un lugar a otro.

Comentarios (1)

Luis Casilla Torres
Señor Director: Eso es una expresión clarísima de la infuncionalidad del Código Procesal Penal que pone a los delincuentes en libertad casi al minuto de entrar a los palacios de justicia. Ese Código, por el bien de la República y de todos los ciudadanos, debe ser derogado y cambiado por otro que sí funcione contra la delincuencia.
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