La inveterada práctica de especializar algunos impuestos para favorecer a determinados sectores ha sido históricamente nociva para el interés general, que debe ser el principal y mayor imperativo de toda la estructura jurídico-administrativa del Estado dominicano.

El más reciente y patético ejemplo lo tenemos con la propuesta de aumentar un peso por galón a cada uno de los hidrocarburos que se comercializan en el país, con el propósito de crear un fondo destinado a construir viviendas a choferes del transporte público.

Dotar de techo propio a trabajadores del volante y a otros servidores de escasos recursos es una atendible causa social, pero no puede ser satisfecha aumentando la carga a los combustibles, que por cierto han llegado ya a niveles muy altos, como resultado del incremento de los precios internacionales del barril de petróleo.

Cada vez que se establecen impuestos de este tipo se penaliza a amplios sectores de la población, especialmente a ciudadanos que pagan sus impuestos y que en sus particulares  padecimientos tienen pocos dolientes y defensores.