La advertencia que acaba de hacer el Gobierno de los Estados Unidos de que la República Dominicana se expone a recibir sanciones por la falta de compromiso para frenar el tráfico de niños haitianos, es otra muestra de lo grave y complicado que representa para el país la problemática haitiana.

La comunidad internacional nos responsabiliza por todo lo que afecta a los haitianos que viven en el país, a pesar de su escasa contribución para cambiar, o cuando menos aliviar, las penurias que los obligan a probar suerte en la República Dominicana.

En el caso de los niños pedigüeños que proliferan por nuestras calles y avenidas y de los bebés que se exhiben en brazos de mujeres que imploran dádivas, es innegable que son utilizados por una red de traficantes que se nutre de este penoso drama.

Sin embargo, si estos niños son recogidos por las autoridades para evitar este comercio, las reacciones no se hacen esperar y de inmediato surgen críticas sobre alegadas violaciones a los derechos de estos menores.

Aunque de tiempo en tiempo se realizan detenciones y los casos sobre trata de personas son sometidos a la Justicia, mientras  el Gobierno asegura que ninguno ha quedado impune, los niños haitianos que piden en las calles son una invariable realidad.

Como esta palpable evidencia constituye en gran medida la base de la advertencia formulada por la oficina para monitorear y combatir el tráfico humano del Departamento de Estado, si no es erradicada antes de junio próximo,  el país sufrirá consecuencias muy negativas en el orden económico.

Entre las implicaciones se citan la suspensión de la ayuda económica y militar, el bloqueo de algunas exportaciones a los Estados Unidos y la oposición a las votaciones del país en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Aunque una amenaza de este tipo hiera la dignidad nacional, algo deberá hacerse para endurecer y hacer más efectiva la persecución y castigo de los traficantes de niños.