En un esfuerzo de buscar más recursos a como dé lugar, la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional parece no haber advertido el perjuicio mayúsculo que causará a los munícipes, de seguir adelante con la creación de un impuesto anual a todas las viviendas, por un pretendido derecho al uso del suelo.

Además de inconstitucional, según las opiniones emitidas por jurisconsultos, organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario y de la construcción, se trata de una medida abusiva y desafortunada porque abarca todas las casas y apartamentos, sin importar su tamaño, ubicación y valor catastral.

Contradice el espíritu y sentido justo de una ley adjetiva vigente que fija un impuesto anual a las viviendas suntuarias, pero sólo a aquéllas cuyo costo sea mayor a cinco millones de pesos, además de establecer de hecho una doble tributación, que resulta ilegal e inadmisible desde cualquier punto de vista.

En su afán de penalizar a los habitantes del Distrito Nacional con nuevas cargas impositivas, que no se corresponden en muchos casos con la calidad de los servicios que se ofrecen, el cabildo sienta las bases para una especie de rebelión generalizada.

En efecto, a las voces autorizadas que hasta ahora han elevado su protesta y advertencia por las serias implicaciones de este desatino, de seguro que en su momento se sumarán, masivamente, munícipes de todas las condiciones socioeconómicas, en contra del abuso que trata de imponerse.

El anuncio de estos nuevos arbitrios ha sido también un factor de irritación colectiva por la insatisfacción que prima con respecto a la calidad de servicios tan vitales como el aseo y la recogida de la basura, a pesar de los cuantiosos recursos que provee el Estado a través de la Ley de municipios 176-07 para cubrir esas necesidades.

En lugar de mantenerse intolerante y refugiado en la cerrazón, como acaba de hacer Winni Terrero, presidente de la Sala Capitular, al afirmar que no se dará marcha atrás, se debería por lo menos oír al pueblo, ya que se ha ignorado el democrático mecanismo del presupuesto participativo.