Apesar de que es bien sabido el trastornador efecto que los ruidos ensordecedores provocan en la estabilidad emocional, en décadas es muy poco lo que se ha hecho para reducir los niveles de contaminación sónica en Santo Domingo, Santiago y otras poblaciones del interior del país.

Aunque se conocen los parámetros a partir de los cuales estos ruidos se tornan intolerables y perjudiciales para la salud, no se aplican normativas efectivas y las autoridades sólo le prestan atención a este tema de manera coyuntural.

Por ejemplo, para aplicar la ley y también someter a la razón a quienes producen este tipo de contaminación, no se debería esperar que un ciudadano particular o un grupo de vecinos formulen alguna queja, porque este problema es verificable a diario en distintas zonas de nuestras ciudades.

Los estudios sobre una situación como ésta, sumamente preocupante y hasta ahora insoluble, confirman la gravedad del problema, pero ya es tiempo de que se pase de los diagnósticos a la adopción de disposiciones que sean de cumplimiento general.

En ese sentido, es alentador que la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional se disponga a aplicar normativas, siempre y cuando en la práctica no deriven en la creación de nuevos arbitrios, en lugar de buscar una solución definitiva.

La iniciativa municipal se basa en un estudio realizado por la Dirección de Gestión Ambiental del cabildo y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), según el cual el Distrito Nacional presenta en una buena parte de su territorio altos niveles de contaminación sónica.

El estudio establece un hecho que es bien conocido y que no sorprende a nadie: que los ruidos enloquecedores son generados mayormente por colmadones ubicados en zonas residenciales y de alta densidad.

La pregunta relevante es: ¿cuándo pasaremos de las palabras a las acciones drásticas y permanentes?