Amnistía Internacional, que tan meritorios servicios ha prestado en la vigilancia y preservación de los derechos humanos, se ha excedido en su más reciente petición a las autoridades dominicanas para que detengan, “de manera inmediata”,  la repatriación de haitianos.

Como país soberano, la República Dominicana tiene derecho a regular todos los aspectos relativos a la inmigración en su territorio y Amnistía Internacional ni ningún Estado pueden interferir y mucho menos hacer exigencias perentorias.

En lo que sí estamos de acuerdo y éste es el campo de acción que compete al papel que debe jugar Amnistía, es que las repatriaciones se realicen observando un tratamiento digno y los derechos de los haitianos o de cualquier otro extranjero.

La propia Amnistía ha admitido que las deportaciones a Haití han incluido a más de 950 mil nacionales de la vecina nación que vivían mayoritariamente en situación ilegal en la República Dominicana.

Quizás la crítica que pudiera hacerse a las autoridades dominicanas es haber permitido que la presencia de indocumentados haitianos aumentara sensiblemente luego del terremoto que devastó a Haití el 12 de enero de 2010 y haber tardado casi un año para iniciar las repatriaciones.

Podría aducirse que hubo una especie de tolerancia humanitaria ante la situación de desesperación que envolvió a miles de damnificados del sismo. Pero la verdad pura y simple es que el número de inmigrantes aumentó por la falta de controles y la corrupción que impera en los puestos fronterizos.

Aunque tardía, las repatriaciones de indocumentados deben continuar sin interrupciones, sin acoger atrevidas exigencias como las formuladas por Amnistía, y siempre que respondan a un programa organizado en que se eviten abusos e improvisaciones.