Los recientes incidentes en la región del Cibao y en el Sur que estuvieron a punto de desatar peligrosas confrontaciones entre dominicanos y haitianos, han vuelto a subrayar la necesidad de que se analice con mayor rigor la problemática de la inmigración haitiana.

La falta de una verdadera política de Estado en este aspecto, el hecho de que la frontera con el vecino país es en gran parte de su franja una línea imaginaria y la ausencia de controles efectivos han hecho de esta cuestión un asunto hasta ahora insoluble.

La utilización masiva de la mano de obra haitiana, de costo por lo general más reducido que la nacional, sobre todo en áreas agrícolas y de la construcción, es una fuente de estímulo para inmigrantes que, documentados o no, vienen al país en busca de mejor suerte.

Los haitianos han ampliado también su radio de acción en las ventas ambulantes en las ciudades dominicanas y en áreas de servicios en polos turísticos, una tendencia que aumenta, de forma gradual pero sostenida, sin estar sujeta a ningún tipo de regulación.

En modo alguno se trata de fomentar una postura de hostilidad hacia los haitianos. Por el contrario, el objetivo es prevenir conflictos con pobladores dominicanos que comienzan a resentir los hábitos, las costumbres y los estilos de vida de haitianos que se concentran improvisadamente en algunas comunidades.

A pesar de que este ha sido un tema largamente debatido en diferentes escenarios, no ha sido enfrentado con el seguimiento y seriedad que amerita, en gran medida porque la actuación de la República Dominicana en este campo está sometida a condicionamientos y presiones de la comunidad internacional.

La convivencia y solidaridad con nuestros hermanos haitianos debe mantenerse, pero sin renunciar a políticas claras y efectivas que ningún Estado organizado deja de aplicar en una materia tan delicada como la inmigración.