Ante el anuncio presidencial de que el año próximo el Gobierno someterá al Congreso varios proyectos para modificar la vieja Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, reiteramos nuestro pedido editorial de que antes de ese envío se produzca un amplio proceso de discusión pública en que participen diferentes sectores de la sociedad.

En ese necesario debate, que debe servir de eje fundamental para edificar sobre el alcance y conveniencia de los cambios que serán introducidos, deben oírse las opiniones de periodistas en ejercicio, de directivos de medios de comunicación impresos y electrónicos, además de representantes de organismos de la sociedad civil interesados en que se modernice esa ley, pero sin poner en peligro la libertad de expresión y difusión del pensamiento.