Agredir a una mujer en cualquier circunstancia es una barbaridad que llega a un grado superlativo de salvajismo cuando se perpetra contra una fémina que se encuentra en estado de gestación, en cuyo caso se produce un doble atentado, pues se pone en peligro la integridad y la vida de una criatura.

Todas esas características rodean el caso de la sargento de la Policía, Mildred Cepeda, quien fue golpeada porque cumplió con una norma institucional, al negarse a entregar a un prisionero en horas de la noche y sin que mediara una orden escrita emanada del Ministerio Público.

A este hecho insólito se agrega otro aspecto no menos inexplicable: ¿cómo es posible que tal abusiva actuación contra una policía que cumplía con su deber haya provenido de un oficial  que, prevalido de su rango, exigía que le entregaran a un detenido?

Las investigaciones emprendidas por una comisión policial deberá establecer, de forma fehaciente y sin estar sujeta a ninguna distorsionante influencia, a fin de que esté libre de toda sospecha, las circunstancias reales del enojoso incidente y la identidad del sujeto que fue libertado de forma irregular.

¿Quién era este personaje, por qué fue detenido y qué relación o vínculo tenía para que se obrara en su favor, hasta el punto de ejercer violencia física ante la negativa a ser liberado de parte de la sargento?

Éstas y otras interrogantes deberán quedar debidamente esclarecidas por unas pesquisas que se espera se realicen con la debida seriedad. De igual forma deberá precisarse, para conocimiento de la opinion pública indignada por este caso, las consecuencias físicas de la agresión mediante un examen médico realizado con estricto rigor profesional.

Es alentador que la fiscal de Santiago, Jenni Berenice Reynoso, haya adelantado que las investigaciones continuarán, a pesar de que la agredida haya desistido de emprender acción legal, ya que se trata de un inadmisible hecho relacionado con la violencia de género que no puede quedar impune o entre brumas.