La comunidad iberoamericana ha sentado las bases para el fortalecimiento democrático en el hemisferio con la aprobación de una histórica resolución que excluye de la organización a los países donde se produzcan golpes de Estado.

La “cláusula democrática”, aprobada en el encuentro de Mar del Plata, Argentina, puede actuar eficazmente como instrumento disuasivo para los grupos beligerantes que buscan el poder político por métodos ilícitos que vulneran la voluntad popular.

El golpe de Estado que depuso en Honduras a Manuel Zelaya en una época en que se pensaba que las asonadas militares ya eran cosa del pasado, puso en alerta sobre los peligros que aún se ciernen sobre los gobiernos democráticos del continente.

Esto obliga a mantener una vigilancia permanente ante grupos fácticos que movidos por intereses espurios simulan un juego seudodemocrático, cuando en realidad mantienen una mentalidad recalcitrante y autoritaria, semejante a la de los dictadores.

La fallida intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para obligar a los golpistas hondureños a reponer a Zelaya en el poder puso al descubierto las debilidades que existían entonces, y que aún persisten, para la defensa afectiva del sistema democrático a nivel continental.

La República Dominicana reafirma su firme vocación democrática con la presencia en la cumbre del presidente Leonel Fernández, quien tuvo una decisiva participación, primero en la defensa del estado de derecho, y luego en la solución de la crisis que culminó con la elección del presidente Porfirio Lobo.

Veinte años después de su nacimiento, en la cumbre de 1991 en Guadalajara, México, la comunidad iberoamericana dio un paso trascendente para convertirse, por unanimidad, en agente político en favor del orden institucional en todo el continente.

Es de esperar que en la práctica la “cláusula democrática” no sea tan solo un instrumento retórico, sino que contribuya de verdad, con la asistencia del gobierno legítimo afectado, a suspender al país donde se produzca una ruptura del orden constitucional.