El narcotráfico y el crimen organizado, con su desquiciante y mortífero lema común de plata o balas, o sea, ceder  a la tentación del dinero sucio o sucumbir, ha logrado anuencias y complicidades que han permeado estructuras de poder en importantes instancias oficiales.

El arresto del jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía en San Francisco de Macorís, mayor Miguel Rodríguez, con relación a un alijo de 440 kilos de cocaína, es la más reciente muestra de cómo el poder corruptor del dinero logra agenciarse estas connivencias criminales.

¿Cómo es posible que autoridades llamadas precisamente a perseguir y combatir el tráfico de drogas, no solo incumplen sus obligaciones, sino que se prestan a escoltar los cargamentos de estupefacientes junto a capos colombianos y cómplices locales?

Es cierto que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) merece reconocimiento, porque con este caso demuestra, como corresponde a su deber, que da seguimiento a la actuación de sus oficiales, incluidos los que tienen altas responsabilidades.

Sin embargo, es claro que se necesita profundizar la depuración para ver quiénes están de verdad comprometidos en la lucha contra los narcos y quiénes se aprovechan de un puesto oficial para facilitar sus infames operaciones.