Aunque los colegios privados tienen que ser por necesidad económica y gerencial, entidades rentables para hacer frente a sus compromisos y no desaparecer, no deberían olvidar que su naturaleza les obliga también a tener alguna suerte de mística o filosofía de servicio.
En efecto, no se concibe que organizaciones cuya razón fundamental –por lo menos eso se pensaba o postulaba quizás de forma ideal– es la formación educativa, sean dominadas por un carácter pecuniario o el afán desmedido de lucro.
Es probable que si estas consideraciones figuraran en lugar destacado del repertorio de sus principios y objetivos, la asociación que agrupa a los colegios privados no hubiera incurrido en el desatino de anunciar que a partir del año 2010 será obligatorio el pago total por adelantado de la escolaridad.
La disposición, abrupta, abusiva y desproporcionada, ha tenido tal repercusión negativa que la Federación de Padres (Fedepadres), que abarca a 2,600 asociaciones a nivel nacional, está francamente alarmada y con justificadas razones.
En un país donde muchas familias tienen que hacer grandes sacrificios para costear la educación de sus hijos, a veces teniendo que privarse de satisfacciones en asuntos elementales, imponer un pago adelantado de todo el año escolar constituye una verdadera barbaridad.
La respuesta cazurra e insensible a estas argumentaciones podría ser que no es obligado tener a un hijo en un colegio y que aquel que carezca de los medios para ajustarse a los nuevos requerimientos, que recurra a la educación pública o que sencillamente “se embrome”, como suele decirse popularmente ante encerronas de este tipo.
Los colegios deberían reconsiderar este despropósito y brindar opciones, como las que ofrecenss desde hace varios años algunos centros, con incentivos de descuentos a quienes paguen la totalidad del año escolar o una proporción, pero en ningún caso con obligatoriedad.
Es justo también señalar que los padres deben también cumplir con sus obligaciones frente a los colegios, porque es cierto que atrasos e impuntualidades atentan contra la supervivencia económica de muchos centros educativos.
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