El periodismo independiente no se doblega y cumple, a todo riesgo, con su responsabilidad de informar con amplitud y sin exclusiones selectivas todos los asuntos que sean de interés general.

La relación bien entendida de la prensa con los estamentos del poder oficial y sus funcionarios no puede ser de enemistad o predisposición per se, pero tampoco de complacencia, sino de atención y seguimiento a los derechos ciudadanos y a las expectativas de la población en cuanto a las políticas públicas.

Esta visión sobre el rol que debe cumplir la prensa en una sociedad democrática es lo que ha permitido preservar la libertad de información en la República Dominicana, a pesar de la intolerancia y a la tendencia de aplicar mecanismos, algunos sutiles y otros grotescos, para tratar de desviar a medios y periodistas de su responsabilidad con el público y la sociedad.

Esta situación fue abordada ayer en la 66ª Asamblea General  de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Mérida, México, en un informe en que señalan las amenazas, presiones e intimidaciones a que han estado sometido periodistas y comunicadores dominicanos en los últimos semestres.

Otro elemento preocupante que recoge el informe es la intolerancia e incomprensión sobre la labor de periodistas y medios independientes, especialmente cuando se realizan trabajos de investigación en que salen a relucir actos de corrupción, tráfico de influencia y otras anomalías en dependencias de la administración pública.

Es justo reconocer, como se dejó bien en claro ante la SIP, que no existe una línea de acción dirigida desde el Gobierno ni desde la cúpula judicial, para coartar el libre ejercicio periodístico.

Sin embargo, no deja de ser preocupante que de tiempo en tiempo surjan intentos de interferir en el libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales, como la reciente pretensión de una jueza de impedir la cobertura en una audiencia.

Por todo ello, se impone nuevamente recordar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.