Uno de los elementos más corrosivos de la sociedad dominicana de hoy es la tendencia de muchos a enriquecerse por la vía fácil, en desprecio al trabajo y al sacrificio personal y familiar. En esa búsqueda vemos cómo muchas personas destruyen su carrera. A veces su vida.

El afán de lucro se refleja en la empresa privada y en el Gobierno. Como el Gobierno es el principal rector de la vida nacional y garante de la gobernabilidad, prototipo del deber ser, con administradores y funcionarios que llegan por elección o selección, es sobre el que se enfoca la ciudadanía.

La administración del presidente Leonel Fernández ha sido objeto de denuncias y ataques que sugieren que la corrupción se ha asentado como una carcoma. Con algunas excepciones, muchas de esas denuncias adolecen de sustento documental.

El presidente Fernández no suele reaccionar ante las mismas, incluso cuando parecen tener visos de realidad. Cuando se ha referido a la corrupción, su discurso sugiere una profunda convicción de que el problema debe ser atacado desde la misma raíz de la organización del Estado. Quizás por ello acudió a organismos internacionales para que estudiaran el problema y presentaran recomendaciones.

El mes pasado once organismos internacionales, el empresariado, representantes de la sociedad civil y algunos  funcionarios entregaron el proyecto de "Iniciativa Participativa Anti-corrupción" (IPAC). Este miércoles, el presidente Fernández encabezó un Consejo de Gobierno Ampliado, en el cual instruyó a sus funcionarios para que implanten las medidas recomendadas.

Específicamente ordenó a la Contraloría General de la República no autorizar libramientos de pagos que no estén amparados en los procedimientos previstos en la Ley de Compras y Contrataciones.

La ausencia de castigo de la corrupción se atribuye a la falta de voluntad de los gobernantes. A veces esa “voluntad” se confunde con un propósito efectista  que no ataca la raíz del problema.  Pero combatir la corrupción con propiedad requiere de la implantación de mecanismos que impidan que los defraudadores de la confianza pública continúen depredando los bienes de la nación.