La trata de personas es uno de los abusos más deleznables, sobre todo cuando las víctimas son niñas y adolescentes que, por un sinnúmero de circunstancias sociales, se encuentran en un estado de total indefensión.

A pesar de la importancia que se asigna a este tema, tanto aquí como desde escenarios internacionales, hay grandes debilidades institucionales que impiden aplicar sanciones verdaderamente ejemplarizadoras a los autores de estos actos de barbarie contra la niñez desvalida.

Habría que establecer, sin embargo, si la falla está en la recopilación de la llamada cadena de pruebas contra los imputados o en la aplicación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que  ha sido defendido como un instrumento formidable de protección al menor.

El hecho de que con una frecuencia cada vez mayor se conocen casos horrendos de proxenetas que, no conformes ya con arrastrar mujeres a la prostitución más abyecta, empujan a este abismo a indefensas menores de edad.

De tiempo en tiempo las autoridades realizan redadas sorpresivas para rescatar a adolescentes que son explotadas sexualmente por propietarios y operadores de bares y otros establecimientos infames.

Las autoridades judiciales y del Ministerio Público deben dar un estricto seguimiento a estos casos para evitar que, por dejadez o tecnicismos legales, estos despiadados traficantes recobren en poco tiempo la libertad sin pagar a la sociedad por el grave crimen cometido.

Inducir a menores a la prostitución y tenerlas en estos lugares de mala muerte bajo un virtual secuestro, constituye una acción inhumana.

Además de troncharles su sano desarrollo, las jovencitas a veces tienen que arrastrar de por vida un pesado lastre, aunque sean sometidas a profundas sesiones de terapias para reparar los daños emocionales y sicológicos que han sufrido.