Sobre dos cadáveres y varios heridos y tras la destrucción de propiedades privadas y provocar un desorden mayúsculo en la vía pública, los choferes que se disputan el control de rutas hacia la región Sur de repente se han tornado tan  “razonables”, que ahora convienen en poner fin a la violencia.

Lo que en principio podría parecer un acto digno de encomio es en realidad un descaro y un insulto a la ley y el orden en una sociedad que debe basar su accionar en una coexistencia armónica entre sus ciudadanos.

Desistir de la violencia no puede ser el resultado de un convenio, sobre todo después de cometer los citados desmanes, que constituyen actos delictivos y un abierto desafío a la autoridad y al ordenamiento jurídico de la nación.

Los choferes que cometieron esos desafueros deben estar presos y procesados, conforme a las graves violaciones cometidas, que  no pueden estar sujetas a negociaciones de ningún tipo.

Solo en el contexto de la degradación que se observa en el país puede explicarse, mas no justificarse,  que las autoridades anuncien, como un gran logro, que han apaciguado los ánimos de quienes actúan como vándalos y delincuentes.