El depósito en los ríos de desechos industriales, algunos de alto poder tóxico y contaminante, es una práctica criminal que amenaza a importantes reservas acuíferas del país, sin que hasta ahora se haya asignado a este problema la atención que amerita su seria gravedad.

El esfuerzo más serio y directo ha sido asumido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la actitud responsable de Jaime David Fernández Mirabal, pero en esta vital tarea tiene que contar con el apoyo de otros sectores.

Por ejemplo, los gobiernos municipales tienen la obligación de velar por la preservación de sus recursos naturales y de no negociarlos por conveniencias económicas y en términos que puedan ponerlos en peligro.

Los visibles daños ocasionados al río Higuamo por las aguas residuales que varias empresas vierten en su cauce, son un penoso ejemplo de la dejadez en que incurren algunas administraciones edilicias frente al daño que se hace a los ríos.

Desde hace años, en el Cibao se observa una situación parecida en el Yaque, mientras ríos de otras regiones del país no escapan a la destrucción provocada por aguas residuales. Se requiere una urgente intervención antes de que sea demasiado tarde