Las comunidades tienen legítimo derecho a exigir a las autoridades gubernamentales y municipales la construcción de obras y garantizar servicios básicos, pero el mecanismo idóneo debe ser el diálogo y la protesta pacífica.

La utilización de métodos violentos por parte de los demandantes y la respuesta no siempre proporcional, mesurada e inteligente de las autoridades genera enfrentamientos que dejan un balance doloroso de muertos, heridos y daños a la propiedad.

Esto es lo que ha estado ocurriendo en estos días en distintos puntos del país con una preocupante tendencia, debido a que a las demandas iniciales se ha sumado ahora la exacerbación de los ánimos a causa de las víctimas en Licey al Medio, Navarrete, Bonao y otras comunidades.

Es necesario, en consecuencia, que las autoridades se aboquen a dialogar con representantes de las poblaciones donde han tenido lugar las manifestaciones, a fin de evitar que las protestas vuelvan a producir nuevas desgracias.

La perturbadora violencia debe cesar cuanto antes para propiciar encuentros donde se tomen notas precisas de las quejas, pero no para hacer promesas que se queden en el aire, sino compromisos serios de resolver poblemas de gran prioridad comunitaria.