La Suprema Corte de Justicia ha hecho bien en intervenir ante una reciente sentencia que deja muy malparado el papel de los tribunales del país frente al combate del narcotráfico, el lavado de activos y otros crímenes conexos.

Luego de la indignación que ha producido en la sociedad la orden de libertad de tres condenados por narcotráfico, el más alto tribunal del país ha actuado dentro de su importante rol de supervisar la buena administración de justicia.

El juez Francisco Mejía Angomás, actualmente suspendido en sus funciones, tendrá que explicar ante el pleno de la Suprema, de forma clara y convincente, los fundamentos legales de su cuestionada decisión.

Juristas y entidades ligadas al ejercicio del derecho han coincidido en que el magistrado no actuó correctamente al favorecer a los condenados y apoyar su dictamen en la aplicación del Código Procesal Penal.

Aun así, Mejía Angomás tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos, ya que nadie puede ser juzgado a priori sin ser escuchado en una audiencia en que se respeten todos sus derechos.

La Suprema Corte ha mantenido una firme y coherente posición en el combate al crimen organizado y a cualquier práctica que afecte a la familia y a la sociedad dominicana. Basta recordar la resolución que dirigió a los jueces para que sean más rigurosos en las medidas de coerción a imputados por narcotráfico.

En esa ocasión,  la nueva normativa estuvo enfocada a que los magistrados dispongan prisión a los imputados cuando comprueben que existe peligro de fuga y ante la evidencia de que podrían evadir los procedimientos judiciales.

La nueva intervención de la Suprema Corte se corresponde, pues, con su preocupación de que las decisiones judiciales estén ajustadas a la ley y al rigor con que se debe combatir el crimen y todas las manifestaciones que intranquilizan a la ciudadanía y ponen en riesgo su seguridad.