La situación de crisis y confusión que ha surgido en estos días en las comunidades de Las Terrenas y Las Galeras, en Samaná, es un ejemplo de lo que no debe hacerse con los temas que tocan al sector turismo y a la problemática energética.

Durante 15 años estos pueblos han estado libres de la interminable pesadilla de apagones que ha afectado a otras localidades, debido a la garantía de una estable generación privada de electricidad.

Mientras la producción y distribución de energía en todo el país es inestable y demanda miles de millones de pesos de los recursos públicos no para avanzar, sino para subsistir, allí se mantuvo hasta ahora un servicio sin los cuestionados subsidios directos, lo que ha favorecido el crecimiento del turismo.

El Estado estuvo ausente, pero de pronto se ha hecho presente, no para fortalecer estos logros, como es su deber. Intervino para llevar el manejo caótico en que mantiene sumido el sistema energético nacional con un servicio caro y deficiente.

La mano ausente del Estado llegó tardíamente a estas comunidades, sólo para cobrar impuestos por el consumo de electricidad, hacer inasequible la tarifa del servicio y provocar una rebelión de la población.

Con una actuación a todas luces contraproducente, atenta contra un servicio que vino a demostrar que, sin demagogia y politiquería y con eficiencia técnica, los dominicanos pueden producir y distribuir eficientemente la energía necesaria para el desarrollo.

Ante la situación surgida en Samaná surge la pregunta: ¿es que se va a llevar  adonde funciona bien el servicio, la inestabilidad energética que existe en gran parte del país, con la consecuente zozobra para la población y el entorpecimiento de las actividades productivas?

Es de esperar, pues, que los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio intervengan antes de que un descalabro afecte a un importante polo turístico del país.