Todos los esfuerzos destinados a garantizar servicios eficientes a la población y a evitar que sea objeto de timos merecen pleno respaldo, pero para que las medidas sean efectivas y sostenibles tienen que ser bien coordinadas.

La experiencia ha demostrado que la aplicación de acciones coyunturales, a veces dirigida a crear un momentáneo impacto publicitario, sólo tiende a crear confusión, se esfuma al poco tiempo y en nada garantiza que haya protección contra mecanismos fraudulentos.

Las regulaciones deben ser bien ponderadas y en algunas áreas, como en la distribución y venta del gas propano, contar con el aval de todas las entidades del sector oficial, en este caso Digenor, Industria y Comercio y Proconsumidor.

Por eso resulta chocante y produce una mala impresión frente a la opinión pública y la ciudadanía en general, el desacuerdo que mantienen Proconsumidor y Digenor sobre la forma de lograr buenas regulaciones al gas y a otros servicios de consumo masivo.

Aunque en ambas entidades está demostrado el laudatorio propósito de proteger a la población de los engaños que algunas envasadoras hacen al llenar los cilindros de gas, ha sido recurrente el diferendo sobre la forma de abordar el problema y buscar una solución definitiva.

Al parecer no todas incurren en ese fraude, pero en un asunto tan sensible, especialmente para las amas de casa de escasos recursos, porque el gas se utiliza para cocer los alimentos, la regularidad y justeza del servicio no puede estar a merced de la buena fe de las envasadoras.

De ahí que Digenor abogue por la aplicación de un reglamento técnico, actualmente en proceso de elaboración por un comité estatal, mediante el cual se podrá manejar todo lo relativo a los volúmenes, el peso y la masa del gas propano que se vende al público.

En consecuencia, sería conveniente que Digenor y Proconsumidor analizaran esta cuestión de forma conjunta y dieran una demostración de unidad en provecho del público.