Atenta a todo cuanto puede de alguna manera debilitar la institucionalidad y el sistema judicial dominicano, Finjus acaba de hacer un oportuno pronunciamiento que, de ser atendido, puede prevenir males mayores en la forma en que opera el Ministerio Público en Santiago.

Tal como advierte la Fundación Institucionalidad y Justicia, el conflicto y las tensiones surgidas en ese distrito judicial, a propósito de un cambio de coerción a los acusados de un fraude, es preocupante porque puede deteriorar la confianza de la población en la sana y justa administración de justicia.

El diagnóstico de Finjus frente a este caso es claro y preciso: es el resultado de una combinación de varios factores que ponen a competir a los procuradores de la Corte de Apelación con los fiscales por “espacios de poder y visibilidad pública”.

Coincidimos plenamente con Finjus en su opinión de que es indeseable y perjudicial para la respetabilidad del Ministerio Público, que los aludidos conflictos debiliten el irrenunciable compromiso de combatir todas las violaciones a la ley, incluida la corrupción en la esfera gubernamental, así como los crímenes y delitos que cometen los propios agentes del Estado en el desempeño de sus funciones.