Es tanto lo que se ha debatido acerca de la Ley de Partidos y no siempre con la debida seriedad, sino más bien con fementido interés, que en el ánimo público se han acumulado más dudas que certezas sobre el alcance y la efectividad que tendrá.

Las principales aprensiones no giran sobre sus disposiciones, muchas de las cuales lucen muy pertinentes para la transparencia y adecentamiento del ejercicio político en la República Dominicana, sino en torno a lo tortuoso que ha sido el proceso de aprobación, aún pendiente luego de once años.

A pesar de que se han expresado muchas opiniones favorables, por lo menos en declaraciones para la prensa, lo cierto es que hasta ahora no ha habido la voluntad de que dispongamos ya de una legislación moderna que obligue a los partidos a una efectiva rendición de cuentas.

¿Si esta importante ley proporcionará los instrumentos necesarios para reordenar e institucionalizar el sistema de organizaciones políticas en el país, por qué permanece estancada en el Congreso?

¿Es que acaso a la dirigencia política nacional en realidad no le interesa transparentar de forma fiel la manera en que operan a lo interno de sus organizaciones partidarias?

Esta exigencia de transparencia tienen que cumplirla los propios partidos frente a los ciudadanos en general y no limitarla a un mecanismo de lucha entre opositores y gobiernistas, según los vaivenes del poder político.

Si existiera un genuino interés en ese sentido, los partidos no hubieran incumplido, como ha ocurrido reiteradamente en algunos casos, con el deber legal y el compromiso moral de rendir cuentas sobre la forma en que manejan y gastan el dinero que reciben del Estado a través de la Junta Central Electoral.

El contribuyente tiene el derecho de saber cómo se emplea el dinero con el cual contribuyen al mantenimiento de la democracia y del sistema de partidos.