La liviandad e inconstancia, así como la falta de firmeza y rigor en la acción de la Justicia contra el crimen y el delito alimenta el sentimiento de que graves hechos criminales pueden quedar en el olvido o sepultados por la impunidad.

En cambio, violaciones de menor rango y cuantía son objeto de un tratamiento drástico que, aunque corresponde en principio, contrasta notablemente con la facilidad con que se diluyen procesos por dolo y corrupción.

El curso que ha tomado el seguimiento al fraude de más de cien millones de pesos a la Dirección General de Aduanas en Santiago, al variarse la coerción a los implicados, de carcelaria a garantía económica, indica que no hay una real voluntad de esclarecer el caso y de establecer sanciones.

De ahí, la frustración que embarga a la fiscal de Santiago, Yenni Berenice Reynoso, quien no logra explicarse las razones que tuvo la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa ciudad para variar la coerción inicial dispuesta por otro tribunal.

Con justificada razón, la fiscal está alarmada porque se trata de un caso sumamente grave, ya que, además del monto del fraude, hay otras implicaciones criminales como el tráfico de armas de guerra cuya cantidad y destino se ignoran.

En medio de este penoso cuadro, es relevante su decisión de llevar el caso hasta las últimas consecuencias, lo que no dudamos por su trayectoria de rectitud y de apego a los debidos procesos de ley.