En lugar de negar una realidad que es contemplada a diario en las calles de la ciudad y de dar explicaciones poco convincentes, las autoridades deben poner término cuanto antes al criminal comercio que se hace con niños pedigüeños haitianos.

Además, hay que ser ingenuo o muy despistado para pensar que esos infantes actúan por cuenta propia y que detrás de la forma en que operan en las calles no hay una red organizada que los utiliza para despojarlos de gran parte del dinero que reúnen.

Aunque para reaccionar frente a este drama que afecta a muchos niños haitianos sólo se requiere voluntad y un poco de sensibilidad, quizás podrían salir de su inercia si valoran aquel mensaje de que “la mendicidad inducida es trata de personas”.

La situación es tan alarmante como la describe el Centro Jesuita a Refugiados, al sostener que los traficantes cobran entre 200 y 500 pesos por día a los infantes que son ubicados en diferentes intersecciones de la ciudad.

La organización religiosa fue mucho más lejos en su denuncia, al afirmar que detrás de esas redes existe la complicidad de algunas autoridades, algo que ha estado bajo sospecha en comentarios a nivel de opinión pública.

La Dirección General de Migración debe acelerar la preparación del refugio donde serán alojados los niños que ahora son víctimas de una explotación que los expone al peligro y la perversión.