El desarrollo efectivo del comercio y la industria, así como de la inversión extranjera descansa en la seguridad jurídica que entraña, entre otros factores, reglas de juego claras y perdurables que permitan emprender proyectos y actividades rentables a mediano y largo plazo.

Los gobiernos conocen muy bien la importancia de esos factores, pero en diferentes administraciones se han desconocido con disposiciones contraproducentes, sin tomar en cuenta el impacto negativo que generan.

En estos momentos el sector industrial atraviesa precisamente por una de esas difíciles coyunturas con la medida administrativa tomada por las autoridades de entregar el cobro anticipado del ITBIS a la Dirección General de Aduanas (DGA).

En un documento dirigido al país, 21 asociaciones industriales de diferentes ramos advierten que se trata de una violación a la ley 392/07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, que creó Pro-Industria y que asigna el cobro del ITBIS a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los industriales sostienen que la posposición del pago de ese impuesto al momento de la venta del producto industrializado no constituye una exención tributaria, ya que fomenta la competitividad y la inversión.

El alerta dado por los industriales debe ser ponderado detenidamente por el Gobierno para evitar efectos indeseados.