Aunque de forma tardía, por distorsiones de procedimientos legales que parecían perpetuarse, es importante que  el Ministerio Público vuelva a reasumir la dirección de las investigaciones sobre el crimen organizado que por ley le corresponde.

El protagonismo que en este campo había asumido la Policía en los últimos tiempos impedía que los fiscales cumplieran cabalmente con sus obligaciones y esto provocaba, entre otros trastornos, que pruebas viciadas o mal recopiladas permitieran que muchos expedientes se cayeran luego en los tribunales.

Independientemente de las inexcusables aberraciones del pasado, es importante que la restauración de las normativas institucionales haya sido el resultado de una coordinación conjunta entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República.

Por esa razón, abogados penalistas e instituciones privadas saludaron de inmediato el acuerdo, en el entendido de que permitirá un mejor seguimiento de las pesquisas en los procesos por casos de narcotráfico, lavado de activos y sicariato.

Sin embargo, se lamentaron de que sea ahora cuando se entienda que ese rol del Ministerio Público está consignado en el Código Procesal Penal y en otras leyes vigentes.

Lo relevante ahora es que el Ministerio Público no vuelva a permitir, por dejadez o imposición de ningún poder, que sus facultades sean ignoradas o vulneradas.