Los periódicos de Venezuela, que al igual que la televisión y otros medios audiovisuales han padecido la hostilidad oficial en diferentes momentos, atraviesan ahora otro desafío con la censura previa impuesta por un tribunal para prohibir la difusión de fotos e informaciones sobre hechos violentos.

Independientemente de que se trata de un mecanismo a todas luces inadmisible, por vulnerar el libre ejercicio periodístico, en principio la argumentación expuesta en una sentencia judicial parecería atendible, pues habla de impedir que se vulnere la integridad psíquica y moral de los niños.

Ocurre, sin embargo, que estos métodos de censura previa han sido históricamente impulsados por regímenes dictatoriales y ahora por gobiernos que, aunque son de extracción democrática, recurren a acciones autoritarias para tratar de silenciar a la prensa que no es complaciente con sus designios.

La incomprensión hacia la labor de los medios que realizan un periodismo crítico y de independencia ante los poderes públicos y de compromiso con la ciudadanía ha provenido por igual de gobiernos tanto de derecha como de izquierda.

Con sobradas razones, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado como una “torpe política de Estado” la forma en que se trata de controlar a la prensa venezolana para impedir que actúe sin favor ni temor.