La Comisión designada por el procurador general de la República para investigar el comportamiento de funcionarios del Ministerio Público rindió su informe.

La comisión cumplió con el cometido que le fue encomendado, pero como la mayoría de las comisiones de este género, se quedó en las generalidades. En efecto, esa fue la causa eficiente que invocó para fundamentar su conclusión: que los denunciantes parten de una premisa de “percepciones generales… que no están dirigidas a ningún fiscal adjunto en particular”.

Los comisionados se conformaron con entrevistar a quienes se atrevieron a señalar casos o situaciones sobre la conducta de algunos ayudantes fiscales y de hecho pretendieron que fueran esas personas quienes les suministraran todos los elementos de pruebas. Las conclusiones eran previsibles.

Las denuncias divulgadas por este diario sobre ciertos comportamientos de ayudantes fiscales obviamente no involucran a todo el Ministerio Público. Se trata de elementos que traicionan el sentido del deber y el imperio de la ley. Es muy probable que sea una minoría.

Las autoridades están en la obligación de dar seguimiento a esa clase de funcionarios. Y cuando reciben quejas de los medios de comunicación, de sectores diversos y hasta de estamentos de la Policía, deberían ir más allá. Y no esperar que sus víctimas les suministren los elementos probatorios.

La información de que desde 2008, la Procuraduría General de la República ha sometido 48 fiscales a juicios disciplinarios y ahora mismo investiga la conducta de once, por acciones reñidas con la ley, confirma que algo anda mal.

Deploramos los límites que se impuso la comisión designada por el licenciado Radhamés Jiménez Peña, pero celebramos que la Procuraduría esté consciente de que algunos de sus servidores no actúan como espera la sociedad dominicana. Y esa es una buena actitud.