Uno de los períodos más vergonzosos de la administración pública es el de transición, es decir, la entrega del gobierno nacional o municipal de un partido a otro. Algunos “funcionarios salientes”, hacen lo que pocos pueden imaginar en otras latitudes.

Hasta el mobiliario se llevan. Es uno de los problemas que el sistema democrático no ha podido resolver desde que se produjo la primera transición política, en 1978. 

Es una verdadera pena que en la reforma constitucional no se redujera la duración del período de transición, que si bien no constituye un límite cuando hay la intención delictiva, al menos materialmente reduce el tiempo para cometer tropelías.

En el plano nacional, las transiciones traumáticas no tienen las características de décadas pasadas, pero en los municipios asistimos cada cuatro años a los mismos escenarios.

Síndicos que nunca rindieron cuentas, que tampoco fueron auditados debidamente por un órgano verdaderamente independiente, y que hicieron cuanto les pareció conveniente en desmedro del interés ciudadano, cuando les llega la hora final para transferir a los  nuevos incumbentes las responsabilidades que no cumplieron de manera adecuada, recurren a comportamientos violatorios de la ley.

No sin asombro hemos visto a la presidenta de la Cámara de Cuentas pedir a los alcaldes y directores de distritos municipales que “no desaparezcan o quemen los archivos” para borrar evidencias que pudieran ser incriminatorias por malas prácticas administrativas.

La declaración retrata de cuerpo entero la debilidad institucional de los municipios, pero también de la propia Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. ¿Cómo es posible que sea ahora cuando se pida que no destruyan los documentos? Destruir o quemar documentos públicos se constituye en un crimen que debe conducir a los responsables ante los tribunales de justicia.

Los ciudadanos necesitan otra clase de autoridades. Pero no aprendemos. Elegimos cada cuatro años personas con vocación a las malas prácticas administrativas o al enriquecimiento ilícito. Es una verdadera pena que tengamos que padecer los mismos problemas de las transiciones políticas.