Asistimos en estos tiempos a nuevas tendencias discursivas entre autoridades públicas responsables de perseguir el crimen y garantizar la seguridad a los ciudadanos. Con una epidermis hipersensible, esas autoridades suelen quejarse de sectores que no son otros que los medios de comunicación, de los cuales hablan como si no fuesen instrumentos propios del sistema democrático.

Esas tendencias discursivas parten de una cuestión lógica. El poder que les confiere su rol para el cumplimiento de leyes muy específicas para mantener a raya la criminalidad, sobre lo que no existe la menor duda ni razones para cuestionamientos, siempre que sus actos se mantengan en el marco de un estado de derecho.

Sin embargo, al menor asomo de críticas surge ese nuevo enfoque que pretende uniformidad y apoyo, incluso, si se violan los derechos ciudadanos. Así hemos visto quejas sobre “sectores malsanos” que cuestionan las redadas, “que lo único que buscan es dañar ese trabajo”.

No está demás señalar que toda autoridad pública está sujeta al arbitrio ciudadano. Sus actos son seguidos por la sociedad, y debe estar consciente de que las misiones a cargo no constituyen una carta de corso para excederse más allá de lo que prevé el imperio de la ley.

Por ello, resulta preocupante que alguna autoridad desarrolle un tono de descalificación frente a las críticas, y que incluso se exprese en forma dañinamente insinuante respecto al papel de la opinión pública. Y más que preocupante pudiera resultar peligroso si ante los señalamientos de sectores se presume “maldad o malicia”, como si se obrara en conciliábulos al margen de la ley.

Las autoridades que persiguen el crimen para mantener el orden y la seguridad ciudadana deben contar con la colaboración de los ciudadanos y de los medios, pero no pueden pretender que son destinatarios de un mandato que en ocasiones puede chocar hasta con el poder de Dios.

Tampoco tienen derecho a presumir malicia en la crítica pública o ciudadana, en una sociedad democrática, que se fundamenta en la disensión como vía válida para lograr el consenso. Ese camino se aproxima a la intolerancia, más propia de regímenes de dolorosa recordación.