En la edición de El Caribe de ayer, el periodista Oscar Quezada devela otro escenario de los tantos que compiten en paralelo y confluyen en un punto crítico de la sociedad: la inseguridad ciudadana.

Se trata de una faceta hasta ahora desconocida, y es cómo algunos abogados juramentados como servidores del Ministerio Público, los llamados fiscales adjuntos, traicionan su misión para lucrarse en desmedro de la sociedad, con el agravante de que sus actos tienen repercusiones gravísimas en la vida dominicana.

El tema, tan simple como alarmante, sugiere que cualquier delincuente de marca menor o mayor, en complicidad con un funcionario del Ministerio Público, después de ser capturado por la Policía, puede lograr su libertad y salir potenciado para mantener su conducta criminal.

Oficiales policiales honestos, que cumplen con responsabilidad sus misiones, se quejan privada y amargamente de este cuadro. Asimismo, ciudadanos comunes, y así lo confirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sufren impotentes cuando ven cómo un delincuente  sale de prisión.

A los atropellos recurrentes que padecen muchos marginados a consecuencia de redadas generalizadas, ahora se agrega esta nueva fuente de abusos. Y es que mientras algunos delincuentes se benefician de este tipo de corrupción judicial, algunos detenidos que no tienen posibilidad de pagar una decisión terminan encerrados por cualquier asunto baladí.

Una situación como esta defrauda los esfuerzos del Ministerio Público por fortalecer la administración judicial y especialmente, proteger a los ciudadanos. Asimismo, irrita a la Policía, que cuando ha logrado capturar a un justiciable lo ve marchar sin siquiera agotar los trámites habituales del debido proceso.

Todo eso plantea una tremenda inquietud para los ciudadanos y un elemento adicional a una sociedad estresada por la inseguridad. Por todo ello es necesario preguntar: ¿Hacia dónde marcha la República por caminos tan peligrosos e inciertos, donde servidores públicos llamados a defender sus intereses se coaligan con delincuentes para burlar la confianza pública, y al mismo tiempo, ciudadanos infelices se ven impedidos de recobrar su libertad por no disponer de unos pesos más?j