El libre acceso a las fuentes de información, un derecho consagrado por la Constitución y que es aspecto esencial del ejercicio democrático, tiene que ser garantizado por los poderes públicos y en ningún caso obstruido o limitado.

Por esa razón fundamental hay que denunciar como un hecho inadmisible, que se impidiera, por órdenes oficiales, que periodistas y reporteros gráficos cubrieran adecuadamente la llegada al país de Sobeida Félix Morel, compañera sentimental del capo José Figueroa Agosto.

La detención de Sobeida luego de que se le vinculara al capo más buscado de los últimos tiempos, y la recompensa de cinco millones de pesos que se ofreció  para ayudar a su captura, confirieron a este caso un altísimo interés en la opinión pública.

Las autoridades no tenían razones valederas para impedir que los dominicanos observaran directamente, a través de imágenes de la televisión y de cámaras fotográficas, un episodio culminante de un caso que ha acaparado la atención de la ciudadanía.

Además, no puede invocarse, sobre bases atendibles que la cobertura de los medios de comunicación podía afectar medidas de seguridad y mucho menos interferir con lo que Manuel de Jesús Galván, el autor de Enriquillo, definiera certeramente como  el carácter impropio de las llamadas razones de Estado.

Los medios fueron coartados en su derecho de divulgar noticias y opiniones con amplitud y sin restricción alguna con este grosero impedimento, que junto a otras circunstancias recientes ha puesto en entredicho la vigencia plena de la libertad de prensa en la República Dominicana.

De esta forma se vulneró además otra prerrogativa esencial dentro de un estado de derecho y de auténticas libertades públicas: la posibilidad expedita que deben tener los ciudadanos de recibir y dar informaciones sin ningún tipo de cortapisas.

Además de interferir la labor de la prensa, esta intolerable actuación oficial da pie a la sospecha de que se tratan de ocultar cuestiones que la población tiene derecho a conocer.