La administración del presidente Barack Obama ha reafirmado nuevamente firmeza y coherencia en la defensa de sus compromisos, con la demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

En consonancia con posiciones claramente definidas por su gobierno en esa materia, Obama busca evitar que entre en vigencia a fines de este mes la controvertida legislación, que criminaliza la inmigración ilegal.

Desde que se anunció la ley, el gobernante ha coincidido con grupos de inmigrantes latinos y entidades de los propios Estados Unidos que se oponen a la legislación, entre otras razones, porque autoriza a policías locales y estatales a interrogar e incluso arrestar a los indocumentados.

La impugnación de la polémica ley se produjo cinco días después de que Obama defendiera la necesidad urgente de una reforma migratoria que permita la legalización de los once millones de inmigrantes indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos.

“Ser americano no es cuestión de sangre, sino de fidelidad compartida a unos valores”, proclamó entonces, en el primer discurso sobre el tema migratorio desde que llegara a la Casa Blanca como el primer presidente negro en la historia de la nación.

Aunque su posición ha encontrado detractores, tanto en las filas demócratas como republicanas, Obama ha sido coherente en su discurso de que la ley de Arizona viola los derechos humanos de ciudadanos inocentes.

Se trata, no hay duda, de una postura de mucha valentía y sensibilidad humana, que de prosperar puede evitar que se siente un funesto precedente que podría ser replicado en la Florida y en otros estados de la Unión americana.

Además de aspectos humanos, Obama ha argumentado que la ley de Arizona usurpa la autoridad federal, porque en el sistema constitucional estadounidense, el gobierno tiene la autoridad preeminente para regular los asuntos de la inmigración.

Sin embargo, se trata de una tarea titánica, ya que el 62 por ciento de los estadounidenses considera una carga a los indocumentados, opinión que es compartida por la bancada republicana.