El presidente Leonel Fernández, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía, ha trazado lo que puede calificarse, con toda propiedad, como una pauta admirable que, de ser acatada como corresponde, puede evitar la repetición de hechos sangrientos, que pueden derivar en ejecuciones sumarias.

En medio de un inquietante cuadro en que civiles han sido muertos a tiros por agentes policiales porque desoyeron una orden de detenerse, su precisa y oportuna observación de que la Policía no puede disparar si no es agredida, ha debido traducirse en una instrucción de la jefatura a todos sus miembros.

Es la única forma de detener esta escalada de sangre y muerte que ha tronchado la existencia a varios ciudadanos, ajenos por completo a situaciones delictivas como el anciano de 81 años que por su edad debió merecer respeto y protección.

El presidente Fernández ha explicado, con claridad meridiana y con la percepción propia de un ciudadano común, que en un ambiente donde prolifera la delincuencia, por un sentido de autoprotección cualquier ciudadano puede desoír un llamado a detenerse si no tiene bien en claro que proviene de una autoridad real.

“Pero eso no quiere decir que si es una autoridad de verdad, la reacción debe ser disparar contra esa persona, sobre todo si ellos (los agentes policiales) no han sido objeto de agresiones, si no hay un intento por parte del civil de que los va a agredir”, planteó el gobernante,  “como una pauta que la Policía debe tomar en consideración”.

Con esas palabras y todo un preámbulo en que demostró que está muy al tanto de las situaciones de inseguridad e incertidumbre a que se enfrentan los ciudadanos en las calles, Fernández reflejó también su probado carácter civilista y su invariable adhesión a la defensa de los derechos humanos.

Interpretando el sentir del Presidente, el secretario de la Presidencia, doctor César Pina Toribio, dijo ayer que la jefatura de la Policía debe disponer la derogación de cualquier medida que atente contra los derechos de los ciudadanos.

Son recomendaciones de equilibrio y sensatez que reflejan el alto aprecio que desde el Ejecutivo se tiene a la vida humana y a la dignidad de todos los dominicanos.