Un serial publicado por El Caribe acerca de los mercados de la capital puso de manifiesto una penosa realidad: la mayoría de estos establecimientos se encuentran en deplorables condiciones físicas y sanitarias.
La falta de higiene y las grandes acumulaciones de basura son un denominador común en estos sitios de expendio de productos y de masiva afluencia de parroquianos, sin que el problema parezca preocupar a alguna autoridad.
La inmundicia, inquietante en cualquier lugar y circunstancia, resulta grotesca y, sobre todo, una potencial fuente de peligro para la salud, en mercados donde mucha gente acude a abastecerse de alimentos, especialmente productos del agro.
La basura que se genera diariamente y la que se acumula por deficiencias en la frecuencia en que es recogida, se convierte en un foco infeccioso donde pululan ratas, insectos y todo tipo de alimañas, además de despedir olores nauseabundos.
En medio de este feo panorama, que por lo habitual e insuperable, de forma pasiva la gente lo asume ya como algo normal, miles de vendedores y compradores se concentran diariamente en los mercados Nuevo, Modelo, de Los Mina, Cristo Rey y Honduras.
El cuadro de descuido y de desorden es tan común que las imágenes fotográficas y de video se asemejan de uno a otro mercado, al punto de que resulta difícil diferenciarlas, a no ser por el conocimiento específico de lo captado en cada lugar.
La Plaza Agropecuaria, en la Ciudad Ganadera, marca notoriamente la diferencia, porque se caracteriza por la organización y la higiene, lo cual no es fruto del azar, sino de un sistema en el que participan los expendedores y que no está sujeto a la asistencia externa.
En menor proporción, en el Mercado Modelo se observa una notable mejoría, pero en gran medida es atribuida a que esa plaza se ha convertido predominantemente en un centro comercial especializado en venta de objetos para turistas.
Este descontrol amerita una urgente intervención por parte de los ayuntamientos y de Salud Pública, pero que no sea episódica y que logre imponer normas de cumplimiento general, de la que deben ser compromisarias las propias autoridades municipales.
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