Las faltas éticas sólo pueden ser minimizadas, o sea, no ser consideradas graves o susceptibles de sanciones severas cuando por alguna circunstancia se les deja de conferir la significación que tienen para un desempeño idóneo y transparente, sobre todo en las funciones públicas.

Bien entendida, la ética no es un código de principios susceptible de aplicación selectiva porque enfocada de ese modo dejaría de tener su esencia y fundamento y, por ende, perdería su valor moralizador.

Por tales razones, ha causado extrañeza la explicación dada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, acerca de la exclusión de la ex consultora jurídica del Comité Nacional de Lavado de Activos, Sonya Erudice Uribe Moya,  del expediente del fugitivo José David Figueroa Agosto.

Además, el escándalo desvelado por la periodista Nuria Piera acerca de supuestas cuestionables actuaciones personales de Uribe Moya mientras estuvo en esa dependencia oficial no parece en principio limitarse a una simple violación ética.

Sin adelantar juicio definitivo ni prejuzgar, ya que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, parecería atendible que ante este caso la Procuraduría hubiera dispuesto una investigación más acabada, en lugar de darlo por cerrado.

Según el Procurador, el equipo que indagó en el caso no encontró ninguna infracción de tipo penal que vinculara a Uribe Moya en la red del capo Figueroa Agosto, sino una falta ética porque al parecer estaba ejerciendo de abogado, lo que era incompatible con sus funciones oficiales.

Al parecer, el resultado de la investigación satisfizo a la Procuraduría, al punto que se entendió que no era necesaria una ampliación y mucho menos dar inicio a una acción en otra instancia.

Hay dos aspectos que llaman la atención. En primer término, que sin la investigación periodística de Nuria, la opinión pública desconociera por completo esta situación.

En segundo término, que Uribe Moya presentó renuncia luego de la entrevista con Nuria, o sea, que hasta ese momento estaba en ejercicio de sus facultades como funcionaria pública. El país necesita algo más que la simple explicación hasta ahora ofrecida.