El libre tránsito y la libertad de comercio, dos prerrogativas fundamentales del estado de derecho que garantiza la Constitución de la República, no pueden estar amenazadas o a merced de grupos que se creen prevalidos de la facultad de estar por encima de la ley y del orden.

El conflicto que se ha agudizado con el anuncio de que choferes del Este realizarán un paro del transporte para forzar a un alza en la tarifa que cobran por el transporte del personal de los complejos turísticos de la zona, es una muestra del inaceptable mecanismo de acción directa cuando puede afectar el derecho de los demás.

Los choferes tienen perfecto derecho a ganarse la vida, pero no pueden obligar a los hoteleros ni a nadie en particular a contratar sus servicios de transporte ni mucho menos imponer tarifas que deben ser negociadas sin presiones indebidas y de conformidad entre las partes.

Tampoco se justifica que puedan afectar con un paro a trabajadores que no tienen la culpa de sus dificultades para ponerse de acuerdo con los hoteleros.

Eso es lo que debe prevalecer en base al imperio de la libertad de comercio y de libre tránsito. Los choferes deberían entenderlo para que dejen de ser llamados “los dueños del país”, una expresión que han merecido por su violencia y tosudez.

La Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) debería mediar para buscar una salida amigable y evitar contratiempos.