Fuera de los resultados electorales y de las impugnaciones y cambios eventuales de que puedan ser objeto, la gran lección que se extrae de las pasadas elecciones es la necesidad de cambios institucionales profundos que permitan disciplinar y hacer menos tortuoso el ejercicio de la política partidaria.

Por lo menos esa es la coincidente opinión a que han llegado magistrados de la Junta Central Electoral (JCE) y directivos de la Fundación Institucionalidad y Justicia y de otras organizaciones de la sociedad civil.

La Junta, que tomó medidas sin precedentes, algunas de ellas más allá de sus atribuciones, pero en aras de garantizar un proceso organizado, carece de los instrumentos legales para actuar con más efectividad en algunas situaciones.

Por ejemplo, ante la ausencia de una ley de partidos es al  Ministerio Público al que le corresponde iniciar acciones ante denuncias o casos comprobados en el uso anómalo o abusivo de los recursos del Estado y del sector privado para pretender alterar la intención del voto.

Conforme al actual ordenamiento jurídico, incluso en estos casos parece que no se puede actuar de oficio, sino en base a una denuncia formal, condición que no reúne una simple declaración verbal o una publicación en un medio de comunicación.

Es tanto lo que se ha hablado acerca de la ley de partidos y no siempre con la debida claridad, que en el ánimo público se han acumulado más dudas que certezas sobre el alcance y la efectividad que tendrá.

Las principales aprensiones no giran sobre sus postulados, muchos de los cuales lucen muy pertinentes para la transparencia del ejercicio político, sino al tiempo que se ha tardado y al hecho de que aún no se vislumbra disposición alguna para aprobar la necesaria legislación.

A pesar de que se han manifestado muchas opiniones favorables, por lo menos en declaraciones para la prensa, lo cierto es que hasta ahora ha habido poco interés o voluntad política para agilizar su conocimiento en el Congreso.