Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Ministerio Público están en la obligación de ofrecer informaciones para esclarecer un grave caso de interés público que ha quedado envuelto en densas brumas.

Nos referimos al hecho insólito de que se pusieran en libertad, sin la formulación de cargo alguno, a dos hombres que llegaron al país en una embarcación cargada de dólares y sin que hasta ahora se haya explicado la procedencia de ese dinero.

Ni siquiera está del todo claro la real cantidad incautada, ya que mientras las autoridades hablan de US$1.2 millones, el abogado de Ismael King Almeyda y Felipe Encarnación Paredes alega que ambos trajeron una suma muy superior, ascendente a US$5.0 millones.

Independientemente del monto efectivo y del discutible argumento que hayan tenido las autoridades para liberarlos, no hay que ser un experto en cuestiones jurídicas para determinar que el método utilizado para el transporte del dinero fue totalmente anómalo e ilegal.

Si alguien lo duda, basta señalar la forma estricta en que se supervisa en los puertos y aeropuertos de Estados Unidos a los viajeros que transportan US$10,000 o más, ya que en cada caso se debe comprobar cómo fue obtenida y también en qué será utilizada la suma.

Ese requerimiento se hace también en la República Dominicana, ya que un formulario de la Dirección General de Aduanas tiene una casilla donde se pregunta a los viajeros si llevan una suma similar, en cuyo caso se procede a una posterior indagatoria.

Diez mil dólares es el 0.83 por ciento de US$1.2 millones y apenas 0.2  por ciento de US$5.0 millones, si esa fuese la cantidad traída por estos innovadores transportistas marítimos que remedan a la Wells Fargo, aunque esta antiquísima compañía era legal y transportaba originalmente sus valores por vía terrestre en diligencias.

Es de esperar que, por su gravedad y naturaleza, este caso pueda ser aclarado con el proceso de acción penal emprendido por la Dirección General de Aduanas.