Hace una semana fue aprobada en Arizona, Estados Unidos, una ley estatal que criminaliza la presencia en su territorio de inmigrantes indocumentados.

Desde que se conoció la promulgación de la llamada  Ley SB1070 “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros”,  hecha por la gobernadora republicana Janice Brewer, todas las miradas de Latinoamérica se dirigen hacia esa región del suroeste norteamericano.

La reacción inmediata del gobierno federal de México fue la condena tajante a esa legislación, considerada racista y un obstáculo para abordar la búsqueda de solución a los problemas migratorios en la frontera común.

Los gobiernos centroamericanos, principalmente los de El Salvador y Guatemala, también expresaron preocupación porque miles de sus ciudadanos quedarían afectados por esta ley, que podría mandar a la cárcel a quienes caigan en manos de la autoridad.

Ayer, el Parlamento Centroamericano votó una resolución en la que insta a América Latina a formar un frente común para demandar la derogación de esa ley e impulsar los reclamos para una reforma migratoria que favorezca a millones de inmigrantes que actualmente carecen de documentación legal en Estados Unidos.

En el plano interno, la ley anti-inmigrante de Arizona encontró el desacuerdo del presidente Barack Obama, la movilización de los afectados y el pedido de la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (CONLAMIC) ante una corte para que declare la nulidad de la aplicación de esa legislación.

La iniciativa del estado de Arizona, que parece ser un primer lanzazo de oposición al conocido propósito de Obama de continuar su programa de grandes reformas iniciado con el sistema sanitario, ha dividido a la sociedad norteamericana a tal punto que personas influyentes del Partido Republicano como Jeb Bush, ex gobernador de Florida; Marco Rubio, el prometedor líder republicado, y Karl Rove, su gran estratega, se oponen a esta legislación.

Sólo una vigorosa oposición a esta ley, en el plano interno y externo, podrá detener su aplicación y crear las condiciones para abrir la discusión de la reforma migratoria, que en definitiva es lo que conviene a República Dominicana y a toda América Latina.