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Rápida reacción

Miércoles 28 de Abril de 2010 Redacción
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Al cancelar al juez interino que dispuso la libertad de Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroy), el pleno de la Suprema Corte ha actuado con sentido de responsabilidad y en consonancia con su misión de supervisar la forma en que opera el sistema judicial.

Aunque dispuso adicionalmente una investigación a fondo sobre la forma en que actuó el magistrado, es obvio que en principio el alto tribunal entiende que la orden de liberar al imputado fue ligera o festinada, sobre todo por los hechos que se le imputan, de haber dado muerte a 36 personas.

Además de aplicar sus propios juicios y criterios en un caso tan delicado, pues se vincula al sicariato, una modalidad cruel y criminal asociada al narcotráfico, la Suprema Corte de Justicia ha sido sensible al sentimiento de indignación que la decisión del juez provocó en la opinión pública y en diferentes círculos de la sociedad.

En efecto, periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil que están seriamente preocupados por la penetración en el país del crimen organizado, expresaron por diferentes vías su protesta ante un dictamen a todas luces sorprendente e inexplicable.

Los servicios de inteligencia de México, que participaron en la captura y extradición de Vantroy junto a otro individuo, al que también se atribuye complicidad en la comisión de esos crímenes, deben estar igualmente perplejos, con la sensación de que el esfuerzo conjunto se haya desvanecido en tan poco tiempo.

Sin violentar el principio de presunción de inocencia ni vulnerar el derecho a la defensa, el comprensivo y generoso juez pudo haber acordado algún tipo de previsión cautelar, hasta que en una jurisdicción de juicio se pudieran ventilar las graves imputaciones que las autoridades hacen al tal Vantroy.

Como lección, los jueces harían bien en seguir las pautas trazadas recientemente por la Suprema Corte que emitió una resolución en la que recomienda actuar con mucho cuidado a la hora de disponer una libertad bajo fianza a personas ligadas al crimen organizado, lavado de activos, sicariato y narcotráfico.

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