El reingreso, ascenso y pensión de cientos de soldados y policías que habían quedado fuera de los cuerpos castrenses por participar en la Guerra Civil iniciada el 24 de abril de 1965 en el bando de los constitucionalistas, es un acto de justicia al mérito de estos hombres que primero lucharon por la defensa de la Constitución y el restablecimiento del orden, y luego se enfrentaron a las tropas invasoras que llegaron cuatro días después a salvar a los golpistas que estaban en desbandada.

Corresponde al gobierno adoptar todas las medidas para que estos hombres se beneficien efectivamente de la disposición presidencial y que, igualmente, se dejen sin efecto todas las fichas y registros que condenan a los constitucionalistas a prácticas discriminatorias en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Los constitucionalistas pagaron un alto precio por servir con lealtad a su patria y es justo que se les reconozcan sus derechos.