El creciente índice de participación de niños y adolescentes en hechos delictivos, entre los que figuran actos criminales de todo tipo, plantea un gran dilema de difícil resolución, como se ha puesto de manifiesto con un debate virtualmente interminable.

Hay dos corrientes contrapuestas, una que plantea endurecer las penas mediante una reforma al Código del Menor y otra que rechaza cualquier posibilidad al respecto, por entender que sería un acto injusto e inapropiado.

Tratar de hacer un análisis desde una perspectiva equidistante de esas posiciones no resulta en la práctica tan fácil, toda vez que ambas tienen aspectos dignos de ser tomados en cuenta y que han sido defendidos con buenos argumentos.

Por ejemplo, quienes abogan por la modificación del código se basan en las cada vez más horrendas características de los hechos delictivos en que participan menores de edad, como se demostró con la banda que se dedicaba a matar taxistas.

Pero los oponentes a tal enmienda, entre los que figura el Comisionado de Justicia, entienden desde su óptica particular, que esa no es la solución adecuada porque los menores son en realidad víctimas de adultos que los inducen a la comisión de hechos criminales.

Otros que no se adhieren completamente a ninguna de las dos posiciones, pero que coinciden con algunas de las argumentaciones, de uno y otro lado, consideran también que la sociedad es en gran medida responsable, porque muchos jóvenes no cuentan con buenas oportunidades de educación, trabajo y orientación.

Sin embargo, hay un hecho innegable, y es que inducidos por narcos y criminales o por factores de inequidad social, un número cada vez mayor de menores participa en asaltos a mano armada y matan con crueldad y pasmosa sangre fría.

¿Qué hacer, entonces? Es la gran pregunta que por el momento no ha encontrado una respuesta viable y atendible. Hay que seguir estudiando este inquietante fenómeno sin ignorar ni menospreciar ninguno de los elementos expuestos.