La democracia dominicana tiene un alto precio para sus ciudadanos, vale decir a los contribuyentes, con cuyos aportes se nutre el erario y de ahí el sustento a los partidos políticos y el financiamiento de las campañas electorales.

Es un costo elevado, podría decirse que hasta excesivo, principalmente si se toman en cuenta las carencias y deficiencias en algunos servicios y renglones básicos, pero en definitiva necesario para la sostenibilidad del sistema de partidos políticos.

Sin esas organizaciones, las grandes y tradicionales y también las pequeñas que generalmente actúan como aliadas coyunturales, careceríamos de la plataforma esencial para el ejercicio de la democracia representativa.

Aun así, sobrecoge la conciencia ciudadana pensar en el peso que significa para el país en su conjunto el gasto de la astronómica suma de 2,800 millones de pesos en el proceso de organización y montaje de las elecciones municipales y congresuales del próximo 16 de mayo.

El desglose de ese monto ofrecido por la Junta Central Electoral (JCE) es igualmente sorprendente por la cuantía en lo que tiene que ver con los recursos otorgados a los partidos políticos para la campaña: 1,085 millones, una suma muy cercana a los 1,217 millones que gastará el organismo en el proceso eleccionario.

Aunque la Junta está obligada a hacer las asignaciones a los partidos, conforme a lo estipulado en una ley, bien podría disponer de medios propios para obtener los 500 millones de pesos adicionales que necesita debido a la complejidad de los próximos comicios, que elegirán autoridades por un periodo de 6 años, si las campañas electorales y sus actores fueran más austeros.

Todo ese exorbitante gasto podría estar mejor justificado si los partidos y sus dirigentes ofrecieran una proyección más edificante y auspiciosa, en lugar del deprimente espectáculo de la reserva de candidaturas y del transfuguismo, que amenaza con hacer colapsar la democracia y la libre elección a lo interno de los partidos.